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Se desconocen los motivos por los cuales una “Coalición
para el Fortalecimiento de la Justicia” la cual nada tiene
que ver con las Municipalidades, hace una denuncia ante la Comisionada
Nacional Adjunta para los Derechos Humanos para que se investigue
una supuesta interferencia a una Asociación de Municipios
que es una persona jurídica y por lo tanto sin derechos humanos
que proteger.
La Junta Directiva de la Asociación de Municipios
de Honduras (AMHON), decidió el 3 de febrero del año
en curso, someter a concurso público las plazas de Director
y Subdirector de dicha Asociación.
Asimismo, tomaron la determinación de nombrar
una Comisión Evaluadora de los Términos de Referencia
y del proceso de preselección de los nuevos Director y Subdirector
de la Asociación de Municipios de Honduras, la cual fue integrada
por siete Alcaldes.
De acuerdo a la decisión de la Junta Directiva
de la AMHON, dichos Términos de Referencia deberán
ser publicados en el diario de mayor circulación nacional
con el objeto de someter a concurso público ambas plazas,
así como toda plaza vacante cuyo salario actual sea igual
o mayor a Diez Mil Lempiras Exactos.
Ante esas decisiones de la Junta Directiva de la
AMOHN resulta absurdo afirmar además que la Secretaría
de Gobernación y Justicia trata de crear una organización
paralela mediante el “Programa Nacional de Descentralización
y Desarrollo Local” (PRODDEL), el cual contiene la política
del actual Gobierno para fortalecer el desarrollo local, la descentralización
fiscal y la gestión financiera municipal, la descentralización
de los servicios públicos y el fortalecimiento institucional,
la gobernabilidad y la transparencia, así como el desarrollo
regional y el Ordenamiento Territorial.
De acuerdo al Artículo 196 del Reglamento
General de la Ley de Municipalidades, corresponde a la Secretaría
de Gobernación y Justicia efectuar las transferencias que
el Gobierno Central hace a las Municipalidades del país.
Este año el Gobierno aumentó la transferencia
de 1.9% al 2.64% de los ingresos tributarios del Presupuesto General
de la República, por un monto de 450 millones de Lempiras
para el año 2003.
Esas transferencias a pesar de que la Ley estipula
que se harán por partidas trimestrales, han sido efectuadas
mensualmente y con toda puntualidad desde el inicio de este año
a 294 Municipalidades del país.
Las deducciones que de esas transferencias pueden
ser hechas por el Ministerio de Gobernación y Justicia como
cuotas de afiliación a la Asociación de Municipios
de Honduras (AMHON), o para Mancomunidades u otros destinos, deben
ser autorizadas por cada una de las Municipalidades, las cuales
deben enviar además a esta Secretaría de Estado la
proyección de los ingresos corrientes presupuestados para
el presente año fiscal, para que pueda calcularse la cuota
de cada municipalidad sobre el 1% de sus ingresos corrientes
A principios del mes de enero de este año la Secretaría
de Gobernación y Justicia solicitó al Licenciado Jorge
Espinal, Tesorero de la AMHON, las autorizaciones e informes sobre
los ingresos corrientes esperados para hacer el cálculo correspondiente
a las deducciones de la AMHON.
Hasta el día de hoy dicha información
no ha sido recibida en la Secretaría de Gobernación
y Justicia, razón por la cual de acuerdo a la Ley, no se
puede proceder a hacer esa deducción para trasladarla a la
AMHON.
En la nota periodística se afirma con malicia
y de manera totalmente injustificada, que la Secretaría de
Gobernación y Justicia había comunicado a la AMHON
que no habría deducción y que esto sometería
a asfixia económica a dicha Asociación lo cual es
absolutamente falso.
La Secretaría de Gobernación y Justicia
es únicamente el conducto por ley para el traslado de los
recursos del Gobierno Central a los Gobiernos Locales y debemos
cuidar que al invertirse estos recursos se haga guardando las proporciones
establecidas en el Artículo 91 de la Ley de Municipalidades
que establece que de estos recursos las Municipalidades sólo
podrán destinar hasta el 10% para gastos de administración.
Sin embargo,
si no existe una autorización para hacer deducciones de estos
recursos y para poder calcular el monto de las mismas, se podría
incurrir en responsabilidad administrativa al hacer deducciones
no autorizadas.
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