El
Consejo Anticorrupción respaldó hoy la posición del
Gobierno de la República en el sentido que debe peticionarse ante
los Estados amigos la inmediata congelación y repatriación
de los capitales y demás activos de los implicados en los descalabros
financieros de varias instituciones bancarias en el país.
También consideraron
que la aprobación para la compra directa de los 410 megavatios
de energía queda en manos del Presidente de la República
y del Congreso Nacional. Asimismo calificó como un logro la posición
del Poder Judicial en cuanto a la agilización de los desafueros
para los diputados implicados en la quiebra de los bancos.
Por su importancia a continuación
se detalla el comunicado emitido por el Consejo Anticorrupción:
Comunicado
del Consejo Nacional Anticorrupción
al pueblo hondureño
En
la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA), celebrada los días 6 y 7 de enero del 2003, se contó
con la presencia del Señor Presidente de la República, del
Señor Presidente del Congreso Nacional y de la Señora Presidenta
de la Corte Suprema de Justicia, comparecieron en etapas sucesivas los
miembros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y el
Señor Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
y sus asesores, a rendir informes sobre lo actuado respectivamente en
los casos de instituciones bancarias y financieras que han fracasado en
los últimos años y sobre la Licitación Publica para
la compra de potencia y energía eléctrica que fue anulada
por la junta directiva de la ENEE y condujo a la emisión de un
decreto en Consejo de Ministros para declarar emergencia y autorizar la
compra por contratación directa de hasta 410 Megavatios.
1.
Respecto del Primer Tema el Consejo recibió de la Comisión
Nacional de Banca y Seguros una pormenorizada y documentada exposición
sobre los incumplimientos y violaciones de normas de distinto tipo, así
como las fallas de tipo administrativo en que a lo largo de un periodo
de varios años incurrieron las instituciones bancarias y financieras
cuyas denominaciones son ya del conocimiento publico y que condujeron
a las autoridades a declarar a varias de ellas en procesos de liquidación
forzosa y a iniciar acciones civiles y penales que infortunadamente y
debido a las argucias empleadas por los inculpados no han podido ser concluidas.
El
Consejo también tomó razón de actuaciones de los
distintos poderes del estado que se han producido en el curso del conocimiento
y resolución de esta problemática que denotan la significativa
influencia con que han contado en las mas altas esferas de poder los que
sistemáticamente abusaron de la confianza y de la buena fe de los
depositantes y se apropiaron en forma dolosa e inmoral de bienes que no
les pertenecen, para satisfacer ambiciones personales, produciendo por
resultado no solo daños concretos a personas determinadas sino
también una pérdida generalizada de confianza en el sistema
financiero hondureño que impedirá o hará muy difícil
atraer la inversión extranjera.
El
Costo Financiero de los Procesos de Liquidación según la
información recibida por el CNA, suma a la fecha 4,204.3 millones
de lempiras, de los cuales 2,754.7 millones, fueron absorbidos por el
gobierno en efectivo o mediante la emisión de bonos; 450.0 millones
de lempiras fueron cargados al BCH y 999.6 millones fueron absorbidos
por el Fondo de Garantía de Deposito (FOGADE), o, en su defecto,
por el Fondo de Seguro de Deposito (FOSEDE). Los recursos absorbidos por
el gobierno de Honduras y el BCH afectan directamente al pueblo hondureño,
monto que equivale a 3,204.7 millones de lempiras, sin menoscabo del impacto
negativo en la imagen y confianza de las Instituciones del Sistema Financiero
y sobre la imagen nacional, tan deteriorada ya en la comunidad internacional.
2.
Sobre el segundo Tema de igual forma el Consejo fue ilustrado por el Ing.
Angelo
Botazzi Gerente General de la ENEE y su equipo de asesores sobre los
antecedentes y el desarrollo de la Licitación Pública Internacional
No 100 980 2001
y las deliberaciones permitieron al Consejo conocer las razones que condujeron
a la junta directiva de la ENEE a declarar nulo el proceso de Licitación
y rechazar todas las
ofertas presentadas.
Igualmente
informó respecto a las razones que motivaron la emisión
del Decreto Ejecutivo que declaró emergencia y autorizó
a la Junta directiva de la ENEE para contratar el suministro de 410 Megavatios
de energía por la vía de contratación directa y ateniéndose
a especiales regulaciones.
Finalmente
se explicó al Consejo la decisión de la Junta Directiva
de la ENEE de adjudicar contratos a dos de los licitantes que habían
participado anteriormente en la licitación; esa adjudicación
y los contratos respectivos deberán ser aprobados por el Presidente
de la Republica y posteriormente por el Congreso Nacional.
Las
deliberaciones y cuestionamientos permitieron a los miembros del Consejo
mejorar la comprensión del problema y recibir más información
para aclarar las dudas naturales que por las variantes que mostró
el proceso se han tenido tanto en los miembros del Consejo como en la
ciudadanía.
Se
considera que la información complementaria es útil y necesaria
sobre todo para la formulación de la Estrategia y la Política
publica dirigida al sector energía.
De Igual forma se indicó que la búsqueda de alternativas
es una contribución en términos de propuesta para el proceso
de construcción de la Visión de País.
El
Consejo Nacional Anticorrupción considera logros importantes de
la jornada cumplida el compromiso del Señor Presidente de la Republica
de continuar proporcionando toda la información que sobre los temas
discutidos pudiera ser requerida por el Consejo, así como la formal
declaración del Señor Presidente del Congreso Nacional en
el sentido de que ese cuerpo legislativo considera que el alcance de la
inmunidad de sus integrantes y de los del Parlamento Centroamericano se
circunscribe a las opiniones que emitan en su carácter de parlamentarios;
de igual manera la reiteración de la Señora Presidenta de
la Corte Suprema de Justicia de la disposición de ese poder del
estado en agilizar los procedimientos que les compete.
En Conclusión el Consejo se propone lograr la unificación
de todos los esfuerzos posibles, coincidentes entre los intereses del
pueblo y su gobierno.
El
Consejo considera que están dadas las condiciones para que no se
continúe convirtiendo la inmunidad en impunidad, pues la claridad
de la norma constitucional que la origina no necesita ninguna interpretación,
sino su urgente e implacable aplicación.
Debe peticionarse a los Estados amigos pertinentes la inmediata congelación
y repatriación de los capitales mal habidos aquí y depositados
en sus bancos.
El
CNA demanda un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado y de
la Sociedad Civil, para sanear el Sistema Financiero, devolver la confianza
y credibilidad en los intermediarios, deducir todas las responsabilidades
a cada uno de los sujetos encontrados responsables y punibles.
El
pueblo hondureño debe tomar conciencia del problema y de nuestras
actuaciones para continuar desarrollando la auditoria social sobre las
acciones de las autoridades jurisdiccionales con el propósito de
asegurar el imperio de la justicia y el derecho.
Tegucigalpa M. D. C. 7 de enero de 2003
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