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El gobierno ha iniciado el proceso de licitación
para contratar los servicios de la compañía que en marzo
del 2003 pondrá en marcha el programa de reingeniería dirigido
a hacer un análisis general del sector público para reducir
el gasto corriente.
Lo anterior lo informó hoy en Casa de Gobierno
el ministro de Finanzas Arturo Alvarado, quien agregó que este
programa de reingeniería busca también que las inversiones
del país no dependan únicamente de las donaciones y de los
préstamos del exterior.
Con esto fundamentalmente se busca tener una base de gastos
corrientes más reducida ya que de esa forma se tendrá el
ahorro que se necesita para atender los programas y proyectos del gobierno
contemplados en el Programa para la Reducción de la Pobreza, apuntó
Alvarado.
Explicó que el programa de reingeniería
consiste en hacer un análisis profesional y objetivo del tamaño
del gobierno para tomar las medidas que aseguren que las instituciones
públicas trabajan con eficiencia, eficacia y que a la vez se logran
ahorros.
La reingeniería también contempla la consolidación
de instituciones públicas que tengan redundancia en sus funciones,
subrayó el funcionario.
Por otra parte, indicó que la situación
fiscal del país es difícil a pesar de la imposición
de medidas contempladas en la Ley de Equilibrio Financiero.
Agregó que con la aplicación de dicha ley
los ingresos se fortalecieron a partir de julio pasado mediante la recaudación
de impuestos.
“Tenemos que trabajar mucho en lo que es el fortalecimiento
de los ingresos”, dijo a la vez que apuntó que eso se puede
lograr con la ampliación de la base de contribuyentes y la revisión
de todas las exoneraciones y exenciones.
El ministro de Finanzas también refirió
que esa secretaría está trabajando en el combate a la evasión
fiscal a través de la presentación de varias iniciativas
tendientes a fortalecer las medidas administrativas para tener una mayor
eficiencia en la recaudación.
En otro marco de cosas señaló que para el
pago de salarios y aguinaldos, la secretaría de Finanzas obtuvo
del Congreso Nacional la autorización para la emisión de
bonos que anda por el orden de 1.800 millones de lempiras.
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