| En
ese sentido, una Comisión Interinstitucional coordinada por el
Secretario de Gobernación y Justicia, Jorge Ramón Hernández
Alcerro se reunió hoy para analizar el problema de la regularización
y tenencia de tierras en el ex bolsón de Nahuaterique.
En la reunión también
participaron representantes del Instituto Nacional Agrario (INA), de la
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)
y del Registro de la Propiedad.
Según la directora
general de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Gobernación
y Justicia, Ninfa América Espinoza, el catastro de las tierras
servirá de base para planificar un desarrollo territorial integral
en ese territorio recuperado.
Desde 1992, el gobierno hondureño
inició la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo
para integrar al resto del país los territorios recuperados por
el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia.
Los ciudadanos salvadoreños
que viven en esos territorios ahora disponen de carreteras, energía
eléctrica, agua potable, escuelas, centros de salud y otros, que
contribuyen a mejorar su nivel de vida.
“Ahora es necesario
levantar un registro catastral de todas las tierras para conocer quienes
son sus propietarios, la extensión de los predios, sus colindancias
y lo más importante definir el uso de estas tierras que tienen
un gran potencial productivo”, señaló Ernesto Gálvez,
Jefe de Resolución de Conflictos Territoriales de la Dirección
de Ordenamiento Territorial.
Agregó que a simple
vista se podía observar que seguir cultivando maíz en tierras
que están a más de 2,000 metros de altura sobre el nivel
del mar es una pérdida de dinero y tiempo. “Ahí tienen
que cultivar frutales como manzana, melocotones, peras, membrillos, duraznos
y otros que económicamente son muy rentables”.
La legalización de
las tierras que ocupan los habitantes de Nahuaterique permitirá
acelerar el desarrollo económico de la zona porque los títulos
de propiedad debidamente registrados les da acceso a financiamiento para
producir.
En Nahuaterique hay registrados
oficialmente 6,500 ciudadanos salvadoreños, pero de acuerdo a un
censo que tienen los dirigentes de las 14 aldeas actualmente viven en
la zona 13,000 personas, aunque reconocen que la mitad de esos pobladores
llegó a la zona después del fallo de 1992.
La mayor parte de las tierras
que comprende el ex bolsón de Nahuaterique tienen dueño
y están registradas en El Salvador, pero sus propietarios las abandonaron
durante el conflicto interno salvadoreño siendo ocupadas por los
pobladores que viven actualmente en la zona.
En la reunión también
se analizó lo referente a la explotación del bosque, que
generalmente es talado por salvadoreños que irrespetan las disposiciones
sobre el manejo del bosque y desafían la autoridad de COHDEFOR,
sacando la madera hacia El Salvador.
En base a esto, Espinosa,
dijo que “se analiza realizar una alianza estratégica de
conciencia entre las autoridades hondureñas y salvadoreñas
sobre las consecuencia de esta explotación indiscriminada e ilegal
del bosque.”
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