Con esto se pretende erradicar la explotación de los menores de parte de sus padres así como de personas que los utilizan para realizar actos ilícitos, situación que va en contra de los derechos de los infantes.

Esta decisión fue tomada este día en una reunión de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, en la que se indicó que a la fecha más de 130 mil menores que se encuentran en la calle son explotados de diferentes maneras por adultos por lo que es necesario realizar un trabajo intensivo para evitar esa dramática situación.

Lo anterior es un objetivo no solo del Despacho de la Primera Dama, sino de todo el Gobierno Central, a fin de ofrecer a estos menores un futuro mejor.

Para ello se conformó una comisión que está integrada por la Fiscalia del Menor, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA, la Secretaría de Trabajo, el Juzgado de la Familia y representantes de organizaciones que trabajan con menores, quienes tendrán que, simultáneamente con la acción de recoger a los infantes, recopilar información sobre la cifra exacta de menores que deambulan por las calles de las principales ciudades del país.

Diversas instituciones gubernamentales, organizaciones que trabajan con niños y la empresa privada estarán involucradas en esta cruzada orientada a brindarle una oportunidad de vida a miles de niños hondureños.

Aguas Ocaña expresó que la acción comenzará con internar en centros especiales a todos los niños que están en la calle a expensas de ser objeto de abuso y maltrato por parte de personas adultas, además del peligro inminente para sus vidas.

El proceso iniciará en agosto y los menores serán ubicados en los centros de atención especial Casitas Kennedy y 21 de Octubre, en la capital, y El Carmen en San Pedro Sula, mientras se realiza la investigación con los padres sobre las razones por las que estos niños y niñas viven en la calle.

Adicionalmente se está considerando la posibilidad de conceder a los padres de estos menores un bono para que les brinden la alimentación debida y los manden a la escuela y de esta manera combatir y erradicar el trabajo y la vagancia infantil.

Otra opción sería buscar un mecanismo que permita a estas familias obtener un ingreso permanente a fin de evitar que los manden a las calles a pedir dinero, para lo cual deberá realizarse el respectivo estudio socio-económico.

En caso de que a las familias se le brinde esta asistencia y aún así los niños vuelvan a la calle se procederá judicialmente contra los padres, tutores o encargados de los mismos, por incumplir disposiciones legales que prohíben la explotación del trabajo infantil.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, existe un alto índice de niños explotados sexualmente, siendo las niñas el grupo más vulnerable con el 94.3 por ciento, lo que se considera alarmante porque implica un número considerable de menores.

En el país se cuantifican 139 mil niños y niñas cuyo trabajo es explotado en beneficio de adultos y 344 mil adolescentes que es encuentran en igual situación.

“Los padres tienen una responsabilidad, vamos a buscar la manera de reintegrarlos al seno familiar y si no cumplen su compromiso caerá sobre ellos todo el peso de le ley” advirtió la esposa del Presidente Ricardo Maduro. bb/dip

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