Con el fin de atender con eficacia los compromisos derivados de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, particularmente en los sectores considerados prioritarios, el Gobierno Central y las instituciones descentralizadas deberán reducir el Presupuesto General de la República en casi 760 millones de lempiras en lo que corresponded al próximo año.

Así lo contempla la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas aprobada el viernes anterior por el Congreso Nacional a propuesta del Presidente Ricardo Maduro, a través de la Secretaría de Finanzas.

La mencionada legislación tiene por objeto fortalecer las finanzas públicas en un marco de eficiencia, simplificación, transparencia tributaria y disciplina fiscal, lo cual solo será posible mediante la racionalización de los limitados recursos de que dispone el sector público para el cumplimiento de sus fines.

En función de lo anterior el decreto aprobado con la mayoría de votos del pleno parlamentario prohíbe la creación de nuevas plazas de trabajo durante los años 2004, 2005 y 2006, excepto aquellas destinadas a ampliar los servicios de salud, educación y seguridad pública, siempre que se haga dentro de las asignaciones consignadas en el Presupuesto General para el período fiscal 2004 -2005.

Además contempla que ningún servidor público, hondureño o extranjero residente, nombrado mediante acuerdo o por contrato en el sector público, podrá devengar un monto superior a los 60 mil lempiras mensuales, independientemente de que sean pagados con fondos nacionales o recursos externos.

Mientras tanto los servidores públicos cuyos sueldos y salarios superen los 30 mil lempiras, “no recibirán aumentos a su remuneración en el año 2004” y a partir de 2005 la política salarial del Estado se regirá mediante lo dispuesto en la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, aprobada también el viernes pasado por la Cámara Legislativa.

Las instituciones descentralizadas deberán adoptar medidas que sean acordes con las políticas sobre remuneraciones estipuladas en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Central.

La Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas faculta al Poder Ejecutivo a reducir en Setecientos Cincuenta y Nueve Millones, Ochocientos Setenta y Un Mil, cuatrocientos lempiras, ( L. 759, 871,400.00) el Presupuesto General de la República, sin que ello afecte la atención al servicio de la deuda interna, que según el mismo documento, será ampliada a Doscientos Treinta Seis Millones, Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Lempiras (L. 236, 549, 500.00) a fin de mantener el equilibrio de las finanzas públicas.

Esta reducción presupuestaria se realizará afectando las asignaciones para financiar el gasto corriente, las transferencias corrientes y de capital, la contratación de servicios profesionales privados, el pago del servicio telefónico, el arrendamiento y adquisición de nuevos locales, equipo y mantenimiento. La reducción no deberá afectar los gastos destinados al financiamiento de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, consigna el decreto.

La norma legislativa establece un plazo de seis meses, a partir de la vigencia de la misma, para que el Poder Ejecutivo proceda a fusionar las secretarías de Estado que estime necesario, mediante la reagrupación o reasignación de las atribuciones de las mismas y de igual forma deberá procederse con los denominados organismos desconcentrados, mientras que las entidades descentralizadas actuarán de conformidad con sus propias leyes constitutivas.

Tal disposición incluye el cierre, fusionamiento y reasignación de funciones en las dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que corresponde al Servicio Exterior.

En materia de Impuesto Sobre la Renta el decreto recién aprobado introduce una reforma al artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, mediante la cual las personas jurídicas, excepto las incluidas en los regímenes especiales de exportación y turismo y “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pagarán una aportación solidaria temporal del 5 por ciento aplicable sobre el exceso de la neta renta gravable superior a un millón de lempiras, el que se incluirá en la misma declaración de renta neta anual y pago”.

Dicha aportación solidaria temporal se comenzará a pagar a partir de la declaración y pagos a cuenta del año 2003 y subsiguientemente hasta el año 2006. La aportación solidaria temporal no es deducible de la renta bruta gravable del contribuyente para efectos del Impuesto Sobre la Renta ya que la misma está sujeta a las disposiciones de la ley que regula esta obligación tributaria.

Ajuste salarial a médicos y maestros

La noche anterior el pleno del Congreso Nacional también aprobó un decreto que contiene la Ley del Reordenamiento Retributivo del Gobierno Central mediante el cual se establece una nueva política salarial en la administración pública sin perjuicio de los beneficios que en ese ámbito contemplan los estatutos profesionales.

Con la aprobación de estas nuevas disposiciones los maestros del nivel primario obtendrán un aumento razonable a su salario base durante el próximo año y a los de secundaria se les concede un incremento al valor de la hora clase.

En función de lo anterior el salario base de los docentes primaria ascenderá el año próximo a poco más de cuatro mil 700 lempiras, mientras que el valor por hora clase para los profesores de nivel medio será de 30.18 lempiras, lo que implica un aumento de 1.63 de lempira.

Según el decreto para 2005 el sueldo base para los maestros de primaria será de 4 mil 962.36 lempiras y la hora clase en secundaria se incrementará en 1.63 de lempira, con lo que el valor total será de 31.81 lempiras.

Para 2006 el documento en referencia contempla un salario base para los profesores del nivel primario superior a los cinco mil lempiras y la hora clase se incrementará a 33 lempiras con 44 centavos.

El decreto también contiene un incremento sustantivo al pago por cumplimiento de quinquenio hasta un máximo de tres quinquenios, a un valor de 668 lempiras por cada período de cinco años.

La normativa en referencia contiene además otra serie de disposiciones relacionadas con la forma en que se aplicarán los incrementos salariales en toda la administración pública de manera que la remuneración para los servidores del Estado resulte equitativa para ellos y racional en función de la disponibilidad de los recursos del Estado.

Cabe destacar que con estas medidas se cumple con las expectativas generadas en torno a la necesidad de suscribir un nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, FMI, con el cual el Estado hondureño alcanzará un alivio a la deuda externa de alrededor de mil millones de dólares y aproximarse al punto de culminación de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados, conocida por sus siglas en inglés como HIPC.

También permitiría la captación de unos 200 o 300 mil dólares como fondos frescos procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del Banco Mundial, BM, entre otras entidades financieras. jb/dip

Subir