El funcionario, que forma parte de la comisión del gobierno que negocia un acuerdo con la dirigencia de los docentes, expresó lo anterior al referirse a la suspensión de las pláticas que se produjo la noche del lunes anterior, cuando los maestros nuevamente rechazaron una propuesta del sector oficial.

Leitzelar explicó que los dirigentes magisteriales insisten en que se derogue la Ley de Reordenamiento Retributivo del Estado que, indirectamente, reformó el Estatuto del Docente para que éste se cumpla en un cien por ciento, o sea, como estaba previamente.

A su criterio, ese punto es el que obstaculiza la solución al conflicto, porque si se deroga esa ley, de todas maneras el Estatuto no se puede cumplir por limitaciones financieras y en todo caso lo que hace esa nueva ley es regularlo de tal manera que más bien permite su cumplimiento.

“Los maestros reconocen que la ley se tiene que respetar, ellos reconocen que (el Estatuto) tiene reformas que se las hizo la Ley de Reordenamiento Retributivo del Estado y que las discusiones se hacen dentro del marco de esa ley”.

A la consulta sobre una posible derogación de los estatutos, dijo que “esa podría ser una probabilidad, pero no partamos de la derogación, sino de la racionalización de estas normativas, de incorporarlas dentro del derecho público vigente pero íntimamente ligadas con la realidad económica y financiera del país”.

Respecto a las manifestaciones callejeras, expresó que el Gobierno deberá respetar las garantías constitucionales del derecho de protesta, mientras estas no afecten, limiten o perjudiquen los derechos de los demás y no pongan en riesgo la paz social o provoquen daños físicos o materiales a la propiedad pública o privada.

Agregó que si los maestros rechazan la mas reciente propuesta del gobierno, da la impresión que no existe por parte de ellos una voluntad de llegar a un arreglo, sino de provocar una situación que ponga en riesgo la paz social.

Detalló que las discusiones se han realizado bajo cuatro elementos que son: el marco legal, la sostenibilidad, que implica la capacidad que tenga el pueblo a través del presupuesto y la capacidad financiera del Estado de poder hacer efectivo esos valores; la masa salarial y la calidad de la educación.

Sostuvo que el Estado no puede sostener una propuesta de carácter retributiva que cada vez crece de tal manera y en forma desproporcionada que absorbe el total de los ingresos del Estado (casi el 90 por ciento, por el momento), porque es totalmente imposible darle cumplimiento. mc/dip