Lo anterior fue expresado esta noche por el titular de la Secretaría de Gobernación y Justicia Jorge Ramón Hernández Alcerro, en declaraciones ofrecidas a la prensa nacional en Casa Presidencial luego de conocer la respuesta del magisterio a la más reciente propuesta de solución presentada por la comisión negociadora gubernamental.

Para Hernández Alcerro el planteamiento magisterial es un rechazo a los puntos que se habían negociado anteriormente, además de que continúan con su posición de no retornar a clases hasta que se firme un acuerdo que contemple las condiciones que ellos reclaman.

Esta posición confunde al Gobierno ya que el sector docente declara públicamente que trae una propuesta mediante la cual pretenden imponer nuevas condiciones “y además adoptan posiciones más duras”.

“Los maestros quieren arrancar en la calle lo que no pudieron justificar en la mesa de las negociaciones”, afirmó Hernández Alcerro.

Explicó que la respuesta de los colegios magisteriales incluye derogar el acuerdo suscrito por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, porque no están de acuerdo con los artículos que se refieren a la masa salarial.

Asimismo quieren que se derogue la ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo y Racionalización de las Finanzas Públicas, así como el artículo 43 del la Ley del Presupuesto General de la República.

Sin embargo quieren que se les pague los días no trabajados y aceptan los 210 millones de lempiras que ofreció el Gobierno, pero esto condicionado a que se les costee el quinquenio y la calificación académica de la misma manera que se había hecho en años anteriores.

Otro aspecto de la propuesta magisterial es que rechaza la participación de la sociedad civil y de los padres de familia en la supervisión del desempeño magisterial, así como la intervención de las municipalidades para velar por la calidad de la educación.

Este planteamiento son rechazados por el Gobierno ya que romper un acuerdo con el Fondo Monetario implica dejar a Honduras sin posibilidades de acceder al financiamiento externo, lo que es imposible para un país que destina la mayor parte de sus recursos para pagar sueldos y salarios, razón por la cual no tendría fondos para invertir en programas sociales.

Por tal razón el Gobierno vuelve a plantear su propuesta de someter el conflicto que mantiene paralizado al sistema educativo nacional a un arbitraje que defina si el Estado tiene capacidad financiera o no, para satisfacer las demandas de los colegios magisteriales, sin que ello afecte la masa salarial en forma sostenible a largo plazo y sin necesidad de recurrir a nuevos impuestos.

La comisión de arbitraje, que solucionaría ésta problemática estaría conformada, bajo los parámetros que defina una comisión que sería previamente integrada por representantes de la sociedad civil, magisterio y gobierno. sc/dip