La creación del Instituto de la Propiedad se contempla en el artículo 4 de la Ley de Propiedad, como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República.

La normativa señala que el Consejo Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del instituto de la Propiedad y estará integrado por siete miembros, cuatro de los cuales serán nombrados por el Presidente de la República y los tres restantes escogidos de ternas propuestas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, la Confederación General de Patronatos de Pobladores y el Instituto de Derecho Notarial.

La representación gubernamental quedó integrada por el Designado Presidencial Vicente Williams, quien fungirá como presidente del organismo, Marco Antonio Burgos Molina, Octavio Sánchez Barrientos y Joaquín Torres Moncada.

El sector no gubernamental está conformada por César Montes Lagos, Daniel Bustillo Urbina y Reynaldo Barahona Lizardo.

La Ley de Propiedad fue a probada por el Congreso Nacional el pasado 28 de mayo con el propósito de fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la propiedad y desarrollar y ejecutar una política nacional que permita la inversión nacional y extranjera y el acceso a la propiedad por parte de todos los sectores de la sociedad.

Al juramentar la junta directiva, el Presidente Ricardo Maduro recordó la importancia que tiene para el país la nueva Ley de Propiedad ya que según una investigación efectuada a inicios de esta administración, sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula se estima que el valor de bienes y raíces no registrados asciende a 12 mil millones de dólares.
Señaló que aproximadamente el 84 por ciento de las propiedades ocupadas en todo el territorio nacional adolecen de un título y en particular las que pertenecen a los más pobres.

Maduro lamentó que en Honduras el proceso de titulación haya estado empañado por la corrupción, pues han existido atrasos en el procedimiento.

Agregó que los resultados de la nueva etapa que se vivirá en el país se producirán a largo plazo y no en un año o año y medio que es el tiempo que le resta a su gobierno.

Con la legislación se fortalecerá la seguridad jurídica del país, ya que los beneficiarios de esta podrán obtener sus títulos de propiedad, lo que les permitirá ser sujetos de préstamos y otras transacciones económicas.

El gobernante indicó que en los países donde se han adoptado sistemas de titulación similar al instaurado en Honduras, el crecimiento económico ha incrementado significativamente hasta llegar a 1.5 por ciento anual.

Una de las expectativas del gobierno mediante la aplicación de la ley es obtener un crecimiento económico de 6 por ciento anual en forma sostenida por 20 años, con lo que se podría reducir la pobreza.

Maduro dijo que lograr ese cometido no es sencillo ya que existen ciertos sectores con oposición, sin embargo aseguró que su equipo seguirá trabajando para lograr sus planes de trabajo en pro de las mayorías.
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