La medida fue comunicada por el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en Casa Presidencial, junto al secretario de Seguridad Oscar Álvarez, luego del enfrentamiento entre miembros de pandillas rivales que ayer se produjo en la granja penal de Comayagua, estando él en las afueras de éste reclusorio.

La misma tarde de ayer el mandatario se reunió con el secretario de Seguridad, la directora de la Policía Nacional Coralia Rivera y el director de Centros Penales Jaime Banegas, con quienes definió las medidas a adoptar.

En la comparecencia ante los medios de comunicación Maduro mencionó entre las mencionadas medidas reformas al Código Penal a fin de incorporar una nueva figura delictiva con el fin de que se sancione con pena no menor a 10 años de reclusión a las personas que intenten ingresar o ingresen al centro penitenciario cualquier tipo de armas, teléfonos móviles o cualquier otro aparato que facilite la ejecución de actos criminales a los reos.

“Con esta reforma se sancionará a quienes actúen como coautores o cómplices, ya sean estos visitas, policías penitenciarios o funcionarios públicos”, dijo Maduro.

Explicó que en el artículo 337 del Código Penal, inciso 7, se establece un castigo de 10 a 15 años para las personas que ingresen objetos que dañen la integridad física de reos, custodios o de cualquier otra persona que se encuentre en el interior del penal, sin embargo esto no se está cumpliendo por lo que espera que con la reforma que incluye el ingreso de celulares, si se aplique.

Para el futuro inmediato el gobernante informó que ya se culminó un estudio mediante el cual se instalará en cada una de las cárceles un control biométrico y un sistema de rayos X para la revisión de las visitas y del personal, a efecto de evitar que estos ingresen cualquier metal u objetos que dañen la integridad física de las personas.

El mandatario también ordenó la conformación de una comisión especial de transparencia de centros penitenciarios que garantice que las nuevas medidas a adoptar se cumplan.

Óscar Álvarez precisó que para poner en marcha la nueva tecnología el Estado invertirá alrededor de 25 millones de lempiras y que inicialmente se instalará el sistema biométrico y los rayos X en los centros de San Pedro Sula y de Támara en Francisco Morazán. ep/dip