Con el propósito de crear el marco jurídico que permita facilitar el cumplimiento eficaz de las penas privativas de libertad y brindar seguridad a las personas internas en los centros penales y a la población en general, el Presidente Ricardo Maduro, remitió este día al Congreso Nacional, el anteproyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

La iniciativa de ley fue elaborada en colaboración con diversas instituciones gubernamentales y el aporte técnico de varios profesionales bajo el criterio de que la propuesta cumpla con las exigencias sociales actuales y permita hacerle frente a la problemática que viven los privados de libertad.

El anteproyecto fue entregado en Casa Presidencial al vicepresidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, en un acto en el que también participó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales; el Designado Presidencial y también presidente de la Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria, Vicente Williams.

Asimismo el Fiscal General de la República Leonidas Rosa Bautista; el Procurador General de la República Sergio Zavala Leiva; el Secretario de Gobernación y Justicia Roberto Pacheco; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio López; el Secretario de Defensa Federico Brevé Travieso; el sub secretario de Seguridad Armando Calidonio, jueces, magistrados e invitados especiales.

El anteproyecto de ley contempla la creación del Instituto Penitenciario que velará por el cumplimiento del nuevo marco jurídico.

El 7 de abril de 2003 la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y el Poder Ejecutivo conformaron la Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria que elaboró el “Informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario en Honduras”.

Dicho informe, que se presentó el 9 de mayo de ese mismo año, contiene un profundo análisis de los problemas y dificultades que experimenta el sistema penitenciario nacional y propone diversas recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para mejorar su organización y administración.

El Presidente Ricardo Maduro manifestó que espera que la propuesta de ley cumpla con las exigencias sociales actuales “que con justa causa se han hecho escuchar a raíz de la problemática que viven los privados de libertad”.

Refirió que el proyecto recoge las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria y cumple con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de la población interna en centros penales.

A su criterio la reforma legal facilitará el cumplimiento eficaz de las penas privativas de libertad y proveerá un marco legal y reglamentario adecuado pues brindará seguridad a los internos en los centros penales y a la población en general.

“Sin duda que será el instrumento para hacer renacer de las cenizas, los centros penales y transformarlos en lugares de trabajo y esperanza”.

Maduro dijo que la transformación en el sistema penitenciario se plantea en un momento propicio ya que el país acaba de recibir la condonación del 60 por ciento de su deuda externa, con lo que el gobierno se dotará de recursos financieros que permitirán reducir significativamente la pobreza.

Por su parte la Presidenta de la Corte Suprema Vilma Morales dijo que la iniciativa de ley remitida este día al Poder Legislativo es de vital importancia para el fortalecimiento del Estado de Derecho “que ha sido una lucha constante de los tres poderes del Estado”.

Además garantizará el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República y en las convenciones internacionales.

La funcionaria refirió que los 13 jueces de ejecución que trabajan a nivel nacional tendrán desde ahora un mecanismo legal para hacer cumplir los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, alojadas en los 24 centros penitenciarios del país.

Una de las recomendaciones de la iniciativa es la adopción de una política penitenciaria que conlleve a un proceso de reforma profunda en el que se involucren las instituciones públicas y la comunidad en general.

Para dar cumplimiento a esas recomendaciones, el Gobierno realizó una revisión de la normativa penitenciaria a efecto de ponerla a tono con las prescripciones legales que rigen a los sectores judicial y policial y con las finalidades constitucionales de la pena privativa de libertad, es decir, la seguridad, la rehabilitación y la reinserción social de las personas internas.

En 1883 se construyó la Penitenciaria Central y por primera vez se contó con una cárcel nueva en Honduras, hoy, 122 años después, con la presentación de este proyecto de ley, el gobierno inicia formalmente la reforma que permitirá que Honduras cuente con un moderno sistema penitenciario, apuntó el gobernante.

Actualmente existen 24 centros penales de los cuales la Penitenciaria Nacional en Támara, Francisco Morazán y el de San Pedro Sula, tienen concentraciones superiores a los quinientos reclusos en las ciudades de Comayagua y Santa Rosa de Copán.

El resto de la población recluida se encuentra diseminada en los centros y granjas penales de La Ceiba, El Porvenir, Tela, Trujillo, Puerto Cortés, Choluteca, Danlí, Puerto Lempira, La Esperanza, La Paz, Marcala, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, el Progreso y Olanchito.
La población total de internos asciende a los 10 mil 500 de los cuales el 98 por ciento son hondureños y el 2 por ciento restante son extranjeros.

El hacinamiento es uno de los problemas que más aqueja a los reclusos pues existen bartolinas en algunos presidios que albergan de 80 a 133 personas. ep/dip